Iberdrola ha pedido a la Comisión Nacional de la Energía que, a la vista de la existencia de negociaciones entre su accionista ACS y EDF acerca de una posible OPA sobre la eléctrica, lime al 3% el poder del voto de la constructora, y le impida superar el 10% del capital social de la compañía.
Según el regulador, Iberdrola pide que se revoque a través de un expediente administrativo la resolución de la CNE del 30 de noviembre de 2006 sobre la autorización a ACS para elevar hasta el 24,9% su participación en el capital de la eléctrica. Para justificar esta petición, argumenta un incumplimiento por parte de la constructora de las condiciones impuestas.
Además, la eléctrica estima oportuno que se adopten medidas provisionales en las que se prohíba a ACS adquirir “directa o indirectamente” participaciones en Iberdrola que le confieran capacidad para ejercer una “influencia decisiva en la misma o que excedan el 10% de su capital social”.
ACS tiene una participación en Iberdrola del 12,4%, de la cual un 7,7% es directa y el resto, a través de derivados. Esta participación le convierte en el principal accionista de la compañía, por delante de la BBK (7,7%) y Bancaja (6,03%).
En cuanto a la limitación de los derechos de voto, pide la apertura de un expediente administrativo en el que se adopte la “medida provisional” de suspensión de los derechos de voto de ACS por encima del 3% sin excepción alguna.
Los estatutos de Iberdrola limitan al 10% los derechos de voto en cuestiones mayores. Sin embargo, la Ley establece que a la hora de ejercer los derechos políticos en la eléctrica más allá del 3%, ACS tendría que elegir entre ejercer los derechos en Iberdrola, con su actual participación, o en Unión Fenosa, donde es accionista de referencia con un 45,3. Aunque ACS tiene participaciones en dos operadores dominantes en el sector eléctrico, la CNE autorizó a la constructora a ejercer sus derechos sin limitaciones en Iberdrola salvo en temas de estrategia.
